El panorama político que se ha configurado con
las elecciones del 24M y las posteriores alianzas de gobiernos municipales y
autonómicos con nuevos actores políticos en la sociedad española, debería
también concretarse en nuevas reglas para gestionar los medios de comunicación
públicos y establecer un nuevo trato con los privados.
Los ciudadanos nos gastamos algo más de 2.000
millones de euros en subvencionar a las televisiones y radios públicas
(incluida RTVE) y el gobierno de la
nación destina 170 millones a publicidad institucional y comercial.
Los diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas, a su vez, gastan por este
concepto en torno a 50 millones y además otorgan diferentes subvenciones a los
medios privados de comunicación sin criterios objetivos.
El clientelismo político de algunos medios
privados es proporcional a la cantidad
económica que el erario les inyecta y el sometimiento ideológico de los
medios públicos al gobierno de la nación, a los gobiernos autonómicos y a los
municipales alcanzan límites insostenibles.
La publicidad y las subvenciones se reparten
entre los medios privados sin objetividad y transparencia, y los medios
públicos están sometidos al dictado de los gobernantes en cada plaza.
El nuevo panorama político ofrece una
oportunidad magnífica para erradicar las prácticas de oscurantismo y
manipulación mediática. La nueva política no debe controlar la información y
debe permitir que los profesionales del periodismo la ejerzan con libertad
apoyando a sus empresas periodísticas con objetividad y transparencia.
Que diarios como La Razón o ABC, por poner
dos ejemplos, sean “premiados” en las campañas publicitarias y subvenciones del
poder político, frente a otros medios con mayor audiencia, tiene que acabarse.
No soy tan iluso para desconocer que las grandes empresas y entidades financieras
seguirán haciéndolo buscando réditos informativos, pero el dinero que es de
todos debe emplearse de una manera ecuánime y eficaz.
Hay muchos países europeos que tienen
establecidas ayudas a la prensa como garantía de la pluralidad informativa y a la
libertad de expresión, pero estas ayudas son transparentes y controladas por
los parlamentos con criterios objetivos y, por descontado, la distribución de
los ingresos publicitarios está siempre en relación con la audiencia de los
medios y no con su complacencia con el poder.
La nueva política con los medios, la actual y
la que está por venir ante el previsible cambio político, ha de basarse en
criterios objetivables. No debe ser clientelista y sectaria porque el
periodismo no lo es, o no lo debería ser si quiere recuperar su papel de
contrapoder y de credibilidad ante los ciudadanos.
Cuando se oyen algunas voces de los “nuevos
políticos” en relación a que los medios de comunicación deberían estar bajo
control, yo les sugeriría que matizaran que no se refieren a los actuales
conceptos de dominio, mando o dirección política. No vaya a ser que nos
quedemos como estamos.
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