¿PERIODISTAS ESPIADOS?

Bill Keller, director de The New York Times, ha declarado que le llamó Alan Rusbridger, director de The Guardian, y le preguntó si podían hablar a través de algún medio de comunicación seguro para tener la garantía de no ser escuchados. Al parecer, le quería proponer compartir la publicación de los documentos de Wikileaks.
El tema era tan confidencial, que el director del diario británico  daba por supuesto que el Times tenía teléfonos encriptados para sortear las escuchas de la CIA, imagino. Cuando Keller le dijo a su colega de The Guardian que no disponía de "medios seguros", a éste se le debieron hundir los esquemas más elementales del periodismo de investigación de hondo calado.
El inglés debió pensar, además de en los espías, que su número aparecería en la factura de la ATT (la compañía telefónica del New York Times), con el desglose de las llamadas en itinerancia  que serían comprobadas por el contable de turno del diario norteamericano,  que, dicho sea de paso, está recortando gastos.
Más allá de la anécdota, lo cierto es que, sobre todo, los periodistas que se dedican a los sucesos y a los temas en que está implicada la justicia deben, con seguridad, estar espiados indirectamente.
En nuestro país el asunto es más visible, más elemental: Si resulta que un periodista tiene como fuente a un policía, a un confidente de ésta, o a un ciudadano imputado por algún delito, a los que  se le ha intervenido judicialmente el teléfono, las conversaciones que mantenga con dichas fuentes serán grabadas, lógicamente. El secreto profesional queda, en ese momento, aireado frente a la justicia. De hecho no existe. Es más si la fuente confesara al periodista algo de ser susceptible de delito, éste debería comunicarlo inmediatamente al juez, dado que tendrá constancia grabada de la conversación.
La publicación  en los medios de las escuchas telefónicas encargadas judicialmente, es habitual en nuestro país cuando a un diario o a una televisión le llegan los sumarios, a veces filtrados interesadamente.
El Wikileaks de los documentos policiales, las pruebas periciales, las declaraciones de imputados y las grabaciones telefónicas, funciona en la prensa con cierta naturalidad. Tanta que permite al medio discernir lo que, según su criterio, es publicable o no. Es el caso de las escuchas del caso Gurtel y la decisión del diario El País de no transcribir aquellas que se referían a cuestiones personales, más bien sexuales, de alguno de los imputados.
A veces uno tiene la sospecha de que periodistas, jueces, policías y hasta confidentes, se necesitan para que todo el aparato de la justicia funcione correctamente; otras pienso que algunos periodistas deberían tener los teléfonos encriptados, como el director de The Guardian, para que no ser espiados y utilizados por sus fuentes, pero en general creo que un buen periodista de sucesos sabe interpretar con prudencia y profesionalidad el terreno minado por donde se mueve.
Cuando he leído que a un redactor del diario Levante algunos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia, le han colgado carteles, con su foto, por denunciar que éstos no pasaban los sistemas de control para fichar, con el lema: "Este chico se dedica a espiar a los funcionarios", "Se le ve mucho por la Ciudad de la Justicia!", he pensado que, a parte de la reprobable actitud de los funcionarios, a este redactor se le han encriptado las fuentes judiciales por un tiempo. Pero también he vuelto a reconciliarme con una profesión, la de periodista, que debe mantener su independencia por encima de la interesada utilización de sus fuentes, tan necesarias para llevar a cabo su cometido informativo.