jueves, 18 de noviembre de 2010

PRIVATIZAR LAS TELEVISONES PÚBLICAS

El partido Popular ha presentado en el Congreso una iniciativa legal para modificar la Ley General  de Comunicaciones Audiovisuales, recién estrenada, y así permitir que las televisiones públicas financiadas por los contribuyentes pueden privatizarse. Ya en 2003 la televisión valenciana Canal 9, inició un proceso similar que llegó hasta la creación de las bases para la adjudicación de los servicios del canal al que concurrieron la mayoría de grupos de comunicación privados. Los tribunales anularon el concurso dado que la ley de entonces, como la de ahora, impide traspasar competencias en lo audiovisual que son del gobierno de la nación.
El argumento más manido por los partidarios de la privatización es el del tremendo coste que tienen las televisiones autonómicas y la pública nacional. Ciertamente se le pone a uno los pelos de punta al saber que más del 1% del PIB se destina a este menester. Cerca de  2300 millones le cuesta al erario público esta historia, 144 euros por hogar español.
Es cierto que estamos por debajo de la media europea. Nuestra televisión tiene un coste similar al de Francia e Italia , pero inferior al de Alemania e Inglaterra. Eso es así si lo analizamos en términos de renta per capita y no entramos a considerar aspectos más cualitativos, como la calidad y la orientación al servicio público de los diferentes canales españoles en relación a los europeos.
Muchas veces la mayoría de los programas de la televisión pública española tienen poco de servicio público y compiten con la insustancialidad y banalidad comercial de los privados. Es el caso de la mayoría de los canales autonómicos.
El fondo de este asunto, que vuelve a destapar el Partido Popular, es la mala gestión de los recursos y los enquistamientos en los modelos de negocio y las formas internas de funcionar de estos operadores públicos. Los gobiernos autonómicos se ven incapaces de "meter mano" en los procedimientos  de contratación y en las abultadas nóminas, prefieren concentrar sus esfuerzos en librar las consignas adecuadas en los informativos y controlar el aparato más que el motor renqueante y costosísimo de su televisión. Es mejor dejarlo en manos de operadores privados.
Por tanto, es de esperar, que si prosperara la iniciativa de la privatización, ésta se limitaría a externalizar nóminas públicas de cámatras, productores, realizadores y redactores, junto con la de los "hierros" de las unidades móviles, platós, comunicaciones y demás... Todo, menos los programas informativos que serían indelegables.
Los ciudadanos no solemos protestar con contundencia ante la dilapidación de los recursos que hace la administración. Sufrimos en nuestro bolsillo y en los servicios públicos, los costes y la ineficacia con demasiado estoicismo. Cuando el desmán es insostenible los políticos optan por privatizar los servicios desde los sanitarios hasta los educativos, pasando ahora por los audiovisuales. Es muy importante que esa política se haga con luz y taquígrafos para que los que un día puedan acceder  a la tarta de las televisiones públicas no sea por amiguismo e interés. Lo estamos viendo cada día desde el otorgamiento de las licencias de radio y televisión, hasta las productoras que se contratan.
Vamos que no me imagino al grupo PRISA gestionando buena parte de los recursos de la televisión madrileña de Esperanza Aguirre.
Pienso que ante tanta necesidad de transparencia esta propuesta Popular quedará en nada.

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